Cataluña se encontrará con una deuda de 50.000 millones,
sin acceso al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional, y
los catalanes serán entre un 25 y un 30 por ciento más pobres. Esta es
la situación de deterioro económico en la que se encontraría esta
Comunidad si se separara de España. Se trata de unas cifras admitidas
ayer por el Gobierno y utilizadas públicamente por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo
en Onda Cero, y que son un avance del paso al frente que empezará a dar
hoy el Gobierno, en el marco de la la Convención del PP catalán, para
«desenmascarar las mentiras» de Artur Mas.
El Ejecutivo ha pasado al ataque y hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y mañana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
durante la clausura de este cónclave catalán, empezarán a aportar datos
concretos y argumentos para desmontar el «victimismo» de Mas frente al
resto del Estado y el mantra del «España nos roba». Se trata de
responder a esa lista de agravios que el Gobierno de la Generalitat
elaboró en octubre de 2013 y que cifraba en 9.375 millones. Cincuenta
folios con los que querían justificar que la situación de quiebra de
Cataluña no es solo consecuencia de la crisis económica, sino de las
políticas de Rajoy contra esta Comunidad.
Deterioro
El anticipo en forma de datos aportado ayer por el titular
de Exteriores pone también el acento en otras cuestiones que influirían
en el deterioro de Cataluña si se independiza,
como es la necesidad de pagar aranceles para su comercio exterior.
Igualmente, y en lo que se refiere al «orden internacional», el ministro
apunta que Cataluña se situaría en el «limbo jurídico». García-Margallo
duda de «que hubiese muchos países fuera de la Unión Europea que
reconociesen un Estado que nace de una declaración de independencia».
Con estos argumentos, el Gobierno trata «de advertir a los
catalanes que pretenden una secesión de España de cuáles serían las
consecuencias para Cataluña de esta secesión», subrayó el ministro de
Asuntos Exteriores. Una tesis que expondrá hoy el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro, durante su participación en la Convención del PP
catalán. El ministro «demostrará con cifras que es mejor para Cataluña
vivir dentro que fuera de España», según aseguraron a ABC fuentes
gubernamentales.
Una de las cifras que utilizará hoy Montoro para sostener
su tesis es el dinero que ha recibido Cataluña del Estado durante estos
dos últimos años, con el objetivo de evitar la quiebra. Concretamente
han sido 23.965,8 millones en 2012 y 2013. De esta cantidad, 17.499,9
corresponden al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), habilitado por el
Gobierno de Rajoy ante la imposibilidad de varias comunidades de
recurrir a los mercados para financiarse. Es la Comunidad que más fondos
recibe. De este importe total, 6.664,8 fueron aportados en 2012 y
10.835,1 en 2013.
Junto a este fondo, el Gobierno también ha inyectado a Cataluña 6.476,8 millones de euros con
cargo al plan de pago a proveedores. Una medida destinada a pagar las
facturas que se adeudaban y que se encontraban retenidas por la
Generalitat al no poder abonarlas. La mayor parte de este importe
corresponde a 2013, un total de 4.456,6 millones; mientras que los
2.020,2 millones restantes son del año 2012.
Lista de agravios
No solo será el ministro Montoro el que rebatirá con cifras
la lista de agravios de Artur Mas, sino que el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, tiene previsto pronunciar un «discurso de calado»
durante su intervención en la jornada de clausura. Las palabras que
pueda decir Rajoy están rodeadas de una gran expectación, ya que el
presidente no ha vuelto a Cataluña a un acto de partido desde las
elecciones autonómicas de noviembre de 2012.
Desde el Partido Popular en Cataluña se ve con satisfacción
el hecho de que el Gobierno pase al ataque contra Artur Mas y aplauden
el desembarco de miembros del Ejecutivo. «Faltan argumentos, falta
información y tienen que darla los que tienen el altavoz», aseguran
fuentes de los populares catalanes, para las que la Convención que
comienza hoy «es solo un punto de partida».
