Europa advierte a España de que incumple la ley al excluir a los inmigrantes de la Sanidad

Europa da un tirón de orejas al Gobierno español. El Comité Europeo de Derechos Sociales, vinculado al Consejo de Europa, acaba de señalar en un informe que la exclusión de los extranjeros en situación irregular de la asistencia sanitaria -recogido en el Real Decreto 16/2012- no es compatible con Convenios Internacionales suscritos por España.
El texto señala que, según lo establecido en la carta social europea, entre otros compromisos, los Estados tienen la obligación de prestar asistencia sanitaria a los ciudadanos sin tener en cuenta su estatus de residencia. 

"Los estados deben asegurar que todos los ciudadanos tienen el derecho a acceder a la atención sanitaria y que el sistema sanitario es accesible para toda la población", señala el informe, que destaca que esta consideración es un "prerrequisito para la preservación de la dignidad humana".
El organismo apunta, por otro lado, que la crisis económica no puede usarse como motivación para llevar a cabo estas medidas: "Hay alternativas menos costosas en términos financieros".
En total, el informe detalla varios incumplimentos por parte de nuestro país en materia social, aunque no es el único que falla. También Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Lituania y Letonia incurren en problemas de esta índole.
Además de las carencias en el acceso a la sanidad, el documento también destaca problemas con la renta mínima de inserción, que se considera demasiado baja, así como la cobertura económica por enfermedad, también por debajo del importe mínimo.

Fuente: El Mundo

Andalucía, País Vasco, Asturias, Cataluña y Canarias se resistirán a aplicar la Lomce

Cinco comunidades autónomas gobernadas por partidos de la oposición han expresado esta mañana que no les va a dar tiempo a poner en marcha la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) con el calendario actualmente previsto.
También han anunciado que, dentro de lo que les permita la legalidad, harán todo lo posible para aplicar la reforma educativa como crean más conveniente y en el marco de sus normas autonómicas.
Los responsables educativos del País Vasco (PNV), Cataluña (CiU), Andalucía (PSOE), Asturias (PSOE) y Canarias (CC-PSOE) han dado juntos una rueda de prensa esta mañana en Madrid, antes de reunirse con el ministro José Ignacio Wert en la Conferencia Sectorial de Educación, para expresar su "rechazo absoluto" a la Lomce y a su desarrollo reglamentario.
Como ha dicho la consejera de Educación vasca, Cristina Uriarte, "la ley no se puede aplicar el próximo mes de septiembre" porque, en el caso de que el Gobierno aprobara los reales decretos de desarrollo de la Lomce en marzo o abril, como está previsto, sólo quedarían seis meses para que las CCAA elaboren su normativa autonómica. Y, según ha asegurado, necesitan "por lo menos nueve meses" para redactar, debatir y aprobar sus propios decretos.
"Es imposible que lleguemos antes de finales de año", ha advertido.
En la misma línea ha ido la consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, que ha pedido que "se frene la aplicación" porque el actual calendario marcado por el Ministerio "es un error". Rigau ha denunciado que el actual currículo "ataca, por su exhaustividad, la autonomía de los centros" y ofrece unos estándares que "no se corresponden con el grado de madurez de los alumnos".
La consejera asturiana, Ana González, ha manifestado su "objeción técnica y pragmática a la ley".
Más allá ha ido el consejero andaluz, Luciano Alonso, que ha explicado así su estrategia: "Andalucía se rebela. No vamos a ser insumisos pero tampoco vamos a incumplir el Estatuto de Autonomía andaluz". Y ha enumerado el conjunto de medidas que van a comprender esta particular 'objeción de conciencia'.
La primera, recuperar la extinguida asignatura de Educación para la Ciudadanía. También introducirán una educación "más humanística"; no darán conciertos a los centros de educación diferenciada por sexos; no publicarán los resultados de las reválidas o pondrán funcionarios públicos para la realización de estas pruebas.
Fuentes de las consejerías vasca y canaria han explicado que no van a ser "insumisos" ni "ir en contra de la ley", pero sí "buscar métodos para amortiguar las consecuencias" y "amoldarse a los requerimientos de la Lomce", pero han insistido en que "difícilmente" podrán "ponerse a trabajar" si el Gobierno no da salida a la parte normativa que le corresponde elaborar.
Por eso, todos han denunciado que el Ministerio no les ha facilitado el texto del Real Decreto que desarrolla la FP básica, un documento que se les leyó el pasado lunes durante una reunión técnica pero al que no han tenido en ningún momento acceso.
Las comunidades autónomas tampoco tienen claro de qué financiación van a disponer para empezar con la Lomce. E incluso representantes de los gobiernos regionales de PP han expresado sus objeciones al desarrollo reglamentario, como ha publicado hoy este diario.

'Campaña de resistencia'

Dentro de esta gran oposición con la que se encuentra la séptima ley educativa de la democracia, los padres, profesores y alumnos agrupados en la Plataforma Estatal por la Escuela Pública han iniciado esta mañana lo que denominan "una campaña de resistencia", algo que han definido como "oponerse a la implantación de la Lomce con todos los medios" que tienen a su alcance, pero haciéndolo con garantías jurídicas.
La primera medida -habrá más- será llamar a las comunidades educativas de todos los centros a la toma de acuerdos en los consejos escolares para que no se cambien los libros de texto que se están utilizando en la actualidad.
Argumentan que la ley no obliga a los profesores a utilizar libros de texto y que, en todo caso, estos manuales deben cambiarse cada cuatro años.
La Plataforma la componen los sindicatos CCOO, UGT, STES, CGT; los Movimientos de Renovación Pedagógica, y las agrupación de es de estudiantes Faest, Estudiantes en Movimiento y el Sindicato de Estudiantes.

Fuente: El Mundo

Los jueces mantienen la suspensión de la privatización sanitaria

Los jueces mantienen la paralización de la privatización de seis hospitales públicos. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha resuelto mantener la medida cautelar de suspensión de la denominada externalización sanitaria madrileña, en respuesta a un recurso de reposición presentado por la Comunidad de Madrid y las empresas adjudicatarias contra el auto de 11 de septiembre de abril de 2013.

El pleno de la sala había acordado, a principios de este mes, devolver a las secciones Tercera y Octava los recursos que tenían por objeto la impugnación de la resolución de 30 de abril de 2013 de la Consejería de Sanidad por la que se hizo pública la convocatoria para la licitación del contrato de servicios de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo. La asociación médica AFEM había denunciado la privatización de estos centros sanitarios.
En la misma línea, los magistrados que integran la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso han declarado también la suspensión del proceso de externalización sanitaria, en otros dos recursos contenciosos, en esta ocasión a solicitud de la asociación médica AMYTS.
La Sección Tercera considera, en todos los casos, que dadas las circunstancias que concurren y que pormenorizadamente se exponen en las tres resoluciones, de no aceptarse la petición de medida cautelar de suspensión se podrían producir perjuicios de difícil o imposible reparación.

Fuente: El Pais

El Supremo obliga a Cataluña a garantizar el castellano a un alumno

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra un auto anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de enero de 2013, por el que se requería impartir educación en castellano y catalán como lenguas vehiculares a un alumno.
La sentencia de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo conocida hoy recuerda que existen "abundantes precedentes judiciales" en el mismo sentido y que esa reiteración "determina que ahora apliquemos esa doctrina consolidada". En concreto, se citan en el auto del TS once sentencias anteriores, desde diciembre de 2010 hasta noviembre de 2013, resueltas en el mismo sentido.

La administración catalana interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el TSJC, que lo desestimó, por lo que llevó el caso al Supremo, que ahora también lo desestima y mantiene el posicionamiento del tribunal catalán.
El TSJC instaba al Departamento de Enseñanza, que dirige Irene Rigau, a adoptar "cuantas medidas sean necesarias para adaptar el sistema de enseñanza lingüística, en cuanto afecte a los hijos del recurrente, a la nueva situación creada por la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional". Convivencia Cívica Catalana valora hoy en un comunicado que el contenido de esta sentencia "no deja dudas acerca de la conformidad a derecho de la decisión de otorgar protección cautelar a los niños cuyos padres soliciten una educación bilingüe para sus hijos".

"De este modo -añade esta entidad- la simple petición ante los tribunales mediante el correspondiente recurso obligará a la Generalitat a proporcionar de forma inmediata una educación bilingüe para esos niños". También asegura que están pendientes de resolverse ante los tribunales otros doce casos más, correspondientes a otros tantos padres que han solicitado educación en castellano y catalán para sus hijos.

Fuente: El Pais

El PSOE no se conformará con un retoque de la Ley del Aborto

El PSOE no se conformará "en ningún caso" con un retoque en el proyecto de ley del aborto aunque el mismo implique incorporar el supuesto de malformaciones fetales como justificante para interrumpir legalmente el embarazo, una previsión que baraja el Gobierno tal y como publica hoy EL MUNDO. Para el primer partido de la oposición sólo será admisible una ley que reconozca claramente el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad.

Los socialistas exigen de nuevo la retirada inmediata de la propuesta que acaba de iniciar el trámite de consultas entre una treintena de órganos y cuya remisión al Parlamento se espera poder aplazar hasta pasadas las elecciones europeas. Para la secretaria de Igualdad, Purificación Causapié, este intento de retardar la tramitación parlamentaria del proyecto de Gallardón viene a demostrar que incluso en el seno del PP y del Ejecutivo se reconoce que no lo comparten la mayoría de los ciudadanos.
Causapié también ha hecho referencia a la memoria económica que acompaña al anteproyecto y en el que se apunta que el mismo tendría un efecto económico positivo por cuanto impulsaría la maternidad. Para la secretaria de Igualdad, es imprescindible dejar claro que las mujeres son "algo más que úteros" y que lo que debe hacer Rajoy si desea impulsar la maternidad es desarrollar servicios sociales públicos adecuados como en los países más adelantados de Europa.

El PSOE ha abordado esta cuestión en la reunión de su comisión permanente y ha anunciado al término de la misma su intención de seguir planteando iniciativas en contra del proyecto en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos autonómicos. Asimismo han insistido en su disposición a participar en todas las movilizaciones que se realicen para frenar la propuesta.

Fuente: El Mundo

Los currículos de Ana Botella y José Manuel Soria figuran en blanco en el folleto de Davos

Los currículos de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aparecen en blanco en el folleto que se ha repartido en el Foro Económico Mundial de la ciudad suiza de Davos, que se celebra este miércoles y este jueves. Botella lo ha achacado a un "fallo". "Me imagino que es un fallo de alguien, no le puedo decir, es un error de alguien... puede haber sido la organización [pero] no lo sé", ha señalado la regidora en declaraciones a Radio Nacional de España. Las imágenes de las páginas del folleto en las que aparecen la regidora y el ministro fueron tuiteadas este martes por la periodista de El País Alicia González. 

Desde el Ayuntamiento de Madrid restan importancia a lo que consideran una "anécdota" y reconocen desconocer lo ocurrido. "No sabemos que ha pasado no le damos la más mínima importancia", señaló este miércoles a 20minutos una portavoz municipal que asgura que "no nos consta que lo hayan pedido al gabinete de la alcaldesa, ni al gabinete de comunicación ni a secretaría". "De todas formas su curriculum es público, está en la web [madrid.es] y es para presumir. La alcaldesa es licencia en Derecho y funcionaria por oposición", concluye la portavoz. Empleo y urbanismo Sobre su presencia en Davos, donde participará en una mesa sobre empleo y otra de urbanismo, la regidora ha explicado que el foro considera que las ciudades "van a ser fundamentales en este siglo", porque acumulan "el conocimiento", con "la mayor concentración de universidades, grandes empresas y entidades financieras". 

Suponen, ha dicho Botella, la "mayor concentración de personas que tienen muchas aspiraciones". "La innovación se concentra en las grandes ciudades, por eso, han invitado a varias como Johannesburgo, Londres, Madrid... A todas nos han pedido que expongamos formas de gestión urbanas que cada vez están más marcadas por la innovación", ha apuntado. La alcaldesa hablará en la mesa sobre empleo, donde se van a exponer fórmulas para favorecer a los emprendedores. Sobre este asunto ha destacado que las cifras de paro son su "principal problema". Aunque la economía "está empezando a mejorar", existe "un gran problema de empleo con la gente joven", ha concluido. 

Fuente: 20 Minutos

Almunia protestó en Caja Madrid al no renovar la beca de su hijo

Los correos de Miguel Blesa están desvelando las ínfulas de los hijos de algunos politicos al creerse con ciertos derechos en Caja Madrid. Si primero fue el hijo de José María Aznar, ahora le ha tocado el turno al hijo de Joaquín Almunia. Miguel Almunia protestó airadamente cuando no renovaron su beca de Caja Madrid para estudiar en la prestigiosa Universidad de Harvard en EEUU.
Su padre, entonces comisario de Asuntos Económicos de la UE, también protestó por teléfono ante Rafael Spottorno, presidente de la Fundación, al denegarse la prórroga de la beca de su hijo, según informa eldiario.es.
El hijo de Almunia envío el citado correo en 2006 al departamento de becas de la fundación con el encargo de que se lo reenviaran a Miguel Blesa, Rafael Spottorno, y a los miembros de la comisión de renovaciones.
Spottorno fue el encargado de reenviar el citado mensaje a Blesa y a los miembros de la comisión. En su email, Spottorno da cuenta de que ha recibido una llamada de Almunia para solidarizarse con la queja de su hijo y alerta a Blesa por si le llama también a él.
El mensaje de Spottorno reza así: "Te reenvío el correo que nos ha enviado el becario Miguel Almunia y el que acabo de remitir yo a los miembros de la comisión de becas de economía (Moral Santín, Cabrillo, Velarde, Gomez Castañeda y Requeijo).
Lo hago porque, para rematar, me ha llamado el padre del agraviado, Joaquín Almunia, para solidarizarse con la queja de su hijo y no sé si lo hará también contigo.
Da gusto dar becas millonarias a personas importantes, aunque sea por parentesco. Sería pedir demasiado que además fueran agradecidas e incluso, por qué no, que estuvieran bien educadas", según desvela el e-mail publicado por eldiario.es.
El actual comisario europeo de Competencia ha admitido al citado periódico que habló con Spottorno para que le explicase por qué no renovaban la beca a su hijo, pero ha negado haber hablado con Blesa. Almunia ha declarado que su hijo "no debe nada a nadie" y que "todo se lo ha ganado gracias a su esfuerzo y sin una sola gestión de su padre para favorecerle".

Fuente: El Mundo

Gallardón defiende la presunción de inocencia de la Infanta

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido hoy la presunción de inocencia para la Infanta Cristina -imputada en el caso Nóos- y de todos los españoles "hasta que un tribunal de justicia diga lo contrario".
En declaraciones a La 1 de TVE, Ruiz-Gallardón ha señalado que la presunción de inocencia es una de las claves del ordenamiento jurídico establecido por la Constitución y ha agregado que "nadie en este país es culpable hasta que un tribunal de justicia declare esa culpabilidad".

El titular de Justicia ha indicado que esa presunción de inocencia se la aplica a la Infanta Cristina y a todos los ciudadanos españoles hasta que un tribunal de justicia diga lo contrario.

Ruiz-Gallardón ha subrayado que "aquí ningún tribunal ha hecho cosa distinta más que citar a la Infanta a declarar" como imputada por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el Juzgado de Palma de Mallorca, que investiga el caso Nóos.

Fuente: El Mundo