Contratos con criterios de adjudicación desconocidos,
procesos secretos o de urgencia que no correspondían, exigencias que
reducen la competencia, vulneración de los principios de objetividad,
publicidad y transparencia, servicios abonados de los que se desconoce
si fueron prestados... Así hasta totalizar concursos por importe de 630,6 millones o 104.923 millones de las antiguas pesetas. Esto es lo que ha encontrado el Tribunal de Cuentas al fiscalizar la contratación celebrada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en
sus dos últimos años, 2010 y 2011, y por lo que insta al actual
Ejecutivo a tomar decisiones para «aumentar» la objetividad en la
contratación del sector público y «extremar» las medidas para que el
contrato se ajuste a lo pactado. El organismo advierte también de que
solo ha podido fiscalizar una «muestra» por lo que las contrataciones
anómalas podrían ser superiores.
Vulneraciones acumuladas
Fueron nueve ministerios, de un total de quince
departamentos los que vulneraron la Ley de Contratos del Sector Público
aunque lo hicieron por importes muy desiguales. Así solo entre los
ministerios de Interior —bajo la batuta del hoy secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba— y Defensa —entonces en manos de Carme
Chacón, aspirante hoy a sucederle—, se adjudicaron con «deficiencias» un total de 409 millones, casi dos tercios del total.
Precisamente, encabeza la lista de importes adjudicados con
anomalías Interior. Todos los contratos fiscalizados por el Tribunal,
por 235,4 millones, se desvían de los principios que deben regir la contratación pública y
la mayoría de los expedientes encadenan, al menos, dos vulneraciones
legales, según el organismo. De hecho, en más de la mitad de los
expedientes, el organismo fiscalizador alerta de faltas en la
«objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la
licitación», además de la aplicación de formas de valoración «contrarias
al principio de economía» que debe regir la gestión de los fondos
públicos.
Entre ellos, un contrato llama poderosamente la atención al acumular hasta cinco desvíos de la legalidad:
redacción «excesivamente genérica» que no se corresponde «con las
exigencias de la Ley de Contratos del Sector Público, ausencia de
justificación del procedimiento y los criterios de adjudicación
elegidos, incumplimiento de la obligación de remitir documentación al
Tribunal, deficiencias que afectan a la objetividad en la admisión de
licitantes y valoraciones contrarias al principio de economía que debe
regir la contratación pública. Es el relativo a las construcción de un
nuevo edificio en la academia de Aranjuez por 22,1 millones. Para
rematar, en la mayoría de los expedientes, ocho de once fiscalizados, no
se han justificado ni el procedimiento ni los criterios de adjudicación
elegidos, avisa el Tribunal.
Solo dos de los contratos analizados fueron resueltos
cuando el líder de la oposición ocupaba ya la vicepresidencia del
Gobierno pero la escasa diferencia temporal —unos días en un caso y
cinco semanas en otro— permiten concluir que ambos se pusieron en marcha con Pérez Rubalcaba como ministro del Interior.
¿Llegaron a ejecutarse?
Respecto al ministerio de Defensa, las anomalías detectadas
suman 173,6 millones. El contenido de más de la mitad de los contratos
no se ajusta a lo previsto en la ley y sus pliegos presentan
deficiencias que afectan «a la objetividad» en la admisión de
licitadores. En otros tres expedientes, Defensa
no actuó con conformidad a «los principios de objetividad, publicidad y
transparencia rectores de la contratación pública»; en cuatro de
ellos, directamente, no justificó el procedimiento y criterios de
adjudicación; en otro trío también restringió, cree el Tribunal, la
concurrencia, y en uno más aludió al procedimiento de urgencia sin que
concurrieran las causas para ello. El organismo cierra este capítulo
advirtiendo de que no ha podido verificar que ninguno de estos contratos
llegara a ejecutarse porque este departamento que encabezaba Chacón
nunca le remitió documentación que así lo acredite.
A distancia de Interior y Defensa, Justicia sacó adelante contratos por 70,2 millones
sin que su máximo responsable entonces, Francisco Caamaño, pueda alegar
desconocimiento de la ley. De nuevo, todos los contratos fiscalizados,
ocho, vulneran la ley. Algunos de los incumplimientos se centran en
redacciones excesivamente genéricas o trámites de urgencia -que reducen
la concurrencia- sin estar justificados, y en la mitad de los contratos,
directamente, no está documentado ni el procedimiento ni los criterios
de adjudicación.
Por vía de urgencia
La gran vicepresidenta de aquel momento, Teresa Fernández de la Vega,
también tiene tachones. Todos los contratos de Presidencia que han sido
fiscalizados datan de su época como ministra y la mayoría de ellos, por
55,7 millones, no se ajustan por un motivo u otro a la normativa.
Se formalizaron concursos sin que se justificaran el procedimiento y
los criterios de adjudicación o se emplearon redacciones «excesivamente»
genéricas no conformes «con los principios de objetividad, publicidad y
transparencia rectores de la contratación pública». También se hizo uso
del procedimiento de urgencia, sin justificación para ello.
El ministerio de Exteriores continúa la lista con contratos
con «defectos». El importe asciende a 39,72 millones, en los últimos
diez meses de Miguel Ángel Moratinos y la etapa de Trinidad Jiménez. No
obstante, la mayoría del dinero adjudicado con algún incumplimiento legal se concentra en un contrato, por 37 millones,
resuelto con el primero de ellos. El expediente adjudicó el servicio de
telecomunicaciones, telefonía fija y red de datos por vía de de
urgencia, sin que la misma estuviera justificada como tampoco lo está el
procedimiento ni los criterios empleados para la elección de la oferta
ganadora, alerta el Tribunal. Con Jiménez como ministra, Exteriores
celebró dos concursos con pliegos que contravenían los principios de
igualdad y transparencia y, al igual que Defensa, nunca envió al
Tribunal la documentación que demuestra que estos contratos llegaron a
ejecutarse.
Cuando Ángeles González-Sinde ocupaba el ministerio de Cultura se ejecutaron contratos por 29,4 millones con diversas vulneraciones de la ley y,
según el Tribunal, este departamento solo ha justificado el
procedimiento y criterio de adjudicación en uno de los ocho expedientes
fiscalizados. El Tribunal remata su informe advirtiendo de contratos con
anomalías en los ministerios de Educación con 12,83 millones y Ángel
Gabilondo al frente; Ciencia con 9,37 millones y Cristina Garmendia como
responsable; y Política Territorial con 4,3 millones en manos de Manuel
Chávez.
Fuente: ABC
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