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lunes, 3 de febrero de 2014

Bruselas: En España no se controla a los ex ministros

La Oficina del Gobierno que vigila el enriquecimiento de altos cargos es "débil" y controlada políticamente, según la Comisión Europea
A estas alturas de la democracia española resulta que cuando un ministro, secretario de Estado u otros altos cargos de la Administración Central dejan el puesto, no hay un procedimiento de vigilancia fuerte e independiente que asegure que se han enriquecido en el cargo y que no van a hacer nada incompatible con su labor pública. Así lo critica el capítulo dedicado a España del primer informe sobre Corrupción de la Comisión Europea. El débil esquema de control se viene manteniendo tanto con gobiernos del PSOE como del PP.


De acuerdo con la Ley actual, los que dejan el cargo, pasan a teórico control de la Oficina de Conflictos de Interés dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro. Durante dos años, los ex siguen cobrando el 80% de su sueldo para que no trabajen durante ese tiempo en ninguna empresa o banco sobre los que hayan dictado resoluciones, pero no hay garantía de cumplimiento. La obligación de la Oficina es "detectar posibles vulneraciones, abrir procedimientos disciplinarios y proponer sanciones a las entidades que dan empleo al ex alto cargo", señala el informe, pero asegura que "su poder es débil". Tiene rango de apenas subdirección general y está encuadrada en la secretaría de Estado de Administraciones Públicas que dirige Antonio Beteta.
"La Oficina puede detectar el incumplimiento e investigar, pero solo cuando hay una acusación formal y previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas", lamenta el informe de la Comisión Europea. 
 "No está claro qué metodología aplica de verificación del cumplimiento de la ley. Y al ser parte del Ministerio, la Oficina no es independiente ni tiene autonomía presupuestaria", señalan los expertos de Bruselas. En su opinión, "la independencia es clave para garantizar una verificación imparcial de las actividades y patrimonio de los altos cargos". No considera por tanto suficiente, aunque reconoce que supone una avance, la recién aprobada Ley de Transparencia impulsada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y aconseja al Gobierno "reforzar la capacidad de la Oficina de Conflictos de Interés para que pueda llevar a cabo sus investigaciones de una forma independiente y efectiva y que pueda aplicar sanciones disuasorias".
También reclama que "un organismo independiente" tenga capacidad de velar si se cumple la Ley de Transparencia.
Si el control es insuficiente en la Administración central lo es más aún en los gobiernos autonómicos y ayuntamientos, donde la Comisión Europea echa de menos "códigos de conducta exhaustivos" para altos cargos con "adecuada rendición de cuentas e instrumentos sancionadores frente a potenciales vulneraciones". También "reglas coherentes" en todos los niveles de la Administración para vigilar el enriquecimiento e incompatibilidades.
Éste es solo uno de los aspectos criticables del informe. Que con todo lo que ha llovido de corrupción en España todavía haya que leer esto en un documento de la Comisión Europea no hace extrañar que los españoles destaquen en la Encuesta del Eurobarómetro cuando son preguntados sobre si hay corrupción en su país. Responden que sí un 95%, por encima del tampoco nada desdeñable 75% de la media europea.

Fuente: El Mundo

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